REY ENIGMA
Por Luis Fernando Reyes
Una sociedad que reclama justicia, igualdad y respeto también debe preguntarse cuánto está dispuesta a contribuir para sostener aquello que exige.
En México parece que hemos aprendido a conjugar perfectamente el verbo exigir, pero todavía tenemos dificultades para practicar el verbo cumplir. Exigimos mejores salarios, servicios públicos, seguridad, igualdad, respeto y justicia. Reclamamos nuestros derechos como trabajadores, sindicalizados, ciudadanos, hombres o mujeres. Sin embargo, cuando llega el momento de hablar de nuestras propias obligaciones, el entusiasmo suele disminuir.
La contradicción merece una reflexión que va más allá de las discusiones políticas, laborales o sindicales. ¿Estamos construyendo una sociedad de ciudadanos conscientes de sus derechos o una comunidad de individuos convencidos de que las responsabilidades siempre corresponden a los demás?
El problema no es exigir. Los derechos humanos, laborales y sociales representan conquistas fundamentales que deben defenderse. Nadie tiene que ganarse su dignidad mediante la obediencia o la productividad. Los derechos no son premios por buena conducta ni pueden retirarse arbitrariamente por incumplir una obligación.
Pero reconocer esa realidad tampoco significa que las responsabilidades sean opcionales.
La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su artículo 29, que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Una afirmación tan sencilla como profunda: vivimos en sociedad y nuestras decisiones inevitablemente tienen consecuencias sobre los demás.
Entonces, ¿por qué resulta tan sencillo señalar el incumplimiento ajeno y tan complicado reconocer el propio?
DERECHO A EXIGIR Y OBLIGACIÓN DE RESPONDER
En el ámbito laboral encontramos ejemplos que permiten dimensionar esta contradicción. Un trabajador tiene derecho a recibir un salario justo, prestaciones y condiciones dignas. Pero también tiene obligaciones relacionadas con el desempeño de sus funciones, el cumplimiento de horarios y el respeto a las disposiciones laborales.
De la misma manera, el empleador puede exigir el cumplimiento del trabajo contratado, pero debe responder por los salarios, las prestaciones y las condiciones que establece la legislación.
La responsabilidad no puede funcionar en una sola dirección.
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Lo mismo ocurre con los sindicatos. Su existencia resulta fundamental para defender los intereses colectivos de los trabajadores, pero esa representación también supone obligaciones de transparencia, democracia interna y rendición de cuentas.
Resultaría contradictorio exigir claridad en la administración de una institución mientras se evita explicar el destino de las cuotas sindicales. O reclamar procesos democráticos mientras se limita la participación de los propios agremiados.
Por eso, la Ley Federal del Trabajo contempla mecanismos de rendición de cuentas para las dirigencias sindicales.
Defender los derechos colectivos no debería significar renunciar a la autocrítica.
Y aquí conviene hacer una precisión indispensable: el incumplimiento de un trabajador no justifica abusos patronales, como tampoco las deficiencias de una institución invalidan automáticamente las demandas legítimas de su personal. Cada responsabilidad debe evaluarse por separado.
UNA RESPONSABILIDAD QUE SIEMPRE PARECE AJENA
Esta contradicción también aparece en nuestra vida cotidiana.
Queremos calles limpias, pero algunos continúan arrojando basura. Demandamos seguridad vial, pero consideramos que respetar un semáforo es innecesario cuando tenemos prisa. Exigimos gobiernos transparentes, pero en ocasiones justificamos las irregularidades cuando benefician a personas cercanas.
Pedimos respeto, pero no siempre estamos dispuestos a escuchar. Reclamamos igualdad, aunque podemos resistirnos a compartir equitativamente las responsabilidades familiares.
Y en la política, el fenómeno adquiere dimensiones particularmente delicadas.
Hay funcionarios que exigen confianza ciudadana, pero muestran resistencia a explicar sus decisiones. Representantes populares que hablan de responsabilidad social mientras evitan responder cuestionamientos incómodos. Autoridades que piden paciencia ante sus deficiencias, aunque difícilmente aceptarían esa misma justificación de un ciudadano.
En Hidalgo, donde las comparecencias de funcionarios y las demandas de distintos sectores forman parte de la discusión pública, sería conveniente ampliar el debate: no solamente preguntar qué derechos se reclaman o qué resultados se anuncian, sino también qué obligaciones se están cumpliendo y quién verifica ese cumplimiento.
Porque la rendición de cuentas no tendría que aparecer únicamente cuando existe una denuncia, una protesta o un escándalo.
Debería formar parte del funcionamiento cotidiano de nuestras instituciones y organizaciones.
EL PAÍS QUE QUEREMOS Y EL QUE ESTAMOS DISPUESTOS A CONSTRUIR
El sociólogo T. H. Marshall explicó la ciudadanía a partir del reconocimiento de derechos civiles, políticos y sociales. Sin embargo, pertenecer a una comunidad política también plantea responsabilidades compartidas.
No somos individuos aislados que simplemente reciben beneficios de una estructura llamada Estado.
Somos integrantes de una sociedad cuya convivencia depende tanto de las instituciones como de nuestras acciones.
Pero tampoco sería justo trasladar toda la responsabilidad al ciudadano. El gobierno tiene obligaciones constitucionales que no desaparecen porque la población incumpla determinadas normas. La seguridad, la justicia y la protección de los derechos no pueden condicionarse a una supuesta conducta perfecta de los gobernados.
La corresponsabilidad exige precisamente lo contrario: que cada actor responda por aquello que le corresponde.
El trabajador por sus funciones. El empleador por sus compromisos laborales. El sindicato por su representación. El funcionario por sus decisiones. El ciudadano por sus obligaciones legales y su comportamiento frente a los demás.
Nadie debería estar por encima de ese principio.
Quizá uno de nuestros mayores desafíos sea abandonar la costumbre de medir la responsabilidad con dos criterios: uno riguroso para juzgar a los demás y otro considerablemente más flexible para evaluar nuestras propias acciones.
Porque señalar lo que otros hacen mal puede resultar sencillo. Lo verdaderamente complicado es reconocer aquello que nosotros dejamos de hacer.
EXIGIR TAMBIÉN REQUIERE MIRARSE AL ESPEJO
Una sociedad democrática necesita ciudadanos capaces de reclamar sus derechos sin temor. Pero también requiere personas dispuestas a reconocer errores, respetar acuerdos legítimos y asumir las consecuencias de sus decisiones.
No se trata de exigir menos derechos, sino de construir una cultura donde la responsabilidad tenga tanta importancia como la exigencia.
Una cultura en la que la legalidad no dependa de la conveniencia, donde las obligaciones no cambien según quién deba cumplirlas y donde el respeto deje de entenderse como algo que únicamente se recibe.
Tal vez la próxima vez que reclamemos una injusticia, además de preguntarnos quién incumplió con nosotros, convendría realizar un ejercicio de honestidad individual: ¿estamos cumpliendo aquello que exigimos a los demás?
Porque el verdadero problema no es que una sociedad reclame demasiados derechos, sino que termine acostumbrándose a exigir responsabilidades que sus propios integrantes no están dispuestos a asumir.
Y mientras sigamos creyendo que construir un mejor país es obligación exclusiva del gobierno, de los sindicatos, de los empresarios o de cualquier persona que no seamos nosotros, continuaremos confundiendo la ciudadanía con una interminable lista de exigencias.
Al final, todos queremos vivir en una sociedad más justa. La pregunta incómoda es cuántos estamos dispuestos a comportarnos como integrantes responsables de ella.
