- En medio de la polémica por el caso del profesor Alberto Jasso, quien se quitó la vida tras una acusación de abuso, diputados hidalguenses aprobaron la reforma.
Por: Redacción
El Congreso de Hidalgo aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Educación estatal para obligar a las autoridades educativas a respetar y garantizar la presunción de inocencia de maestras, maestros y personal de apoyo durante procedimientos administrativos relacionados con su trabajo.
El dictamen, avalado con 24 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, adiciona el artículo 117 Bis y establece que ninguna actuación, medida o comunicación institucional deberá implicar un juicio anticipado sobre la responsabilidad del personal señalado.
¿QUÉ CAMBIA LA REFORMA?
El nuevo artículo señala que las autoridades educativas, dentro de sus respectivas competencias, deberán garantizar este derecho en todas las actuaciones administrativas vinculadas con el ejercicio de la función docente.
La finalidad es evitar que una persona trabajadora de la educación sea tratada públicamente como responsable antes de que exista una investigación y una resolución de la autoridad competente.
La iniciativa fue presentada ante el pleno el pasado 28 de enero y el dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones el 17 de julio, después de reuniones técnicas con personal del Congreso, el Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Durante la exposición del dictamen, realizada por la legisladora Mónica Leanett Reyes Martínez, se sostuvo que la reforma no crea un derecho nuevo ni concede un privilegio exclusivo al personal educativo, sino que incorpora expresamente en la legislación local un principio reconocido en la Constitución mexicana.
Agregó que la presunción de inocencia se encuentra contemplada en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales; sin embargo, indicó que las leyes secundarias deben establecer cómo debe aplicarse ese derecho dentro de ámbitos específicos, como el educativo.
También se señaló que, bajo algunos protocolos escolares, basta con que un estudiante o padre de familia presente un señalamiento para que un docente sea separado de su cargo o removido de su centro de trabajo antes de que los hechos sean investigados.
La reforma busca impedir que estas medidas sean acompañadas de comunicaciones, expresiones o decisiones que anticipen la responsabilidad de la persona investigada.
Recalcó que esto no significa frenar las denuncias ni impedir que las autoridades adopten medidas de protección, sino garantizar que los procedimientos respeten los derechos de todas las personas involucradas mientras se determina lo ocurrido.
CASO ALBERTO JASSO
Durante la discusión fue mencionado el caso de Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, quien falleció por suicidio después de ser denunciado por una alumna por presunto abuso sexual.
Antes de morir, el docente difundió un video en el que negó la acusación y afirmó que el proceso administrativo y penal había tenido un fuerte impacto emocional y profesional en su vida.
Tras el fallecimiento, el IEMS aseguró que actuó conforme a derecho, que protegió a las partes involucradas y que mantuvo la presunción de inocencia durante la investigación.
