REY ENIGMA
Por Luis Fernando Reyes
La reducción del homicidio doloso se ha convertido en el principal argumento del Gobierno de México para defender los resultados de su estrategia de seguridad. Sin embargo, los datos oficiales y los estudios independientes exhiben una realidad más compleja: menos asesinatos no significan necesariamente menos violencia, menos víctimas o mayor confianza en las autoridades.
Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un nuevo balance en el que destacó la disminución de 50 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 86.9 en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, también informó una reducción de 36 por ciento en los delitos de alto impacto, de acuerdo con los registros oficiales.
Se trata de avances relevantes. No obstante, presentar la caída de los homicidios como sinónimo de pacificación deja fuera delitos que afectan directamente la libertad, el patrimonio y la vida cotidiana de millones de personas.
EXTORSIÓN: UN DELITO QUE PERSISTE
El estudio De la Violencia a la Pacificación: Comportamiento de la extorsión por regiones económicas en México, 2015-2026, elaborado por México Evalúa, advierte que la disminución de la violencia homicida no ha estado acompañada de una reducción equivalente de la extorsión.
Entre enero y septiembre de 2026, la tasa nacional de víctimas de extorsión registradas fue aproximadamente 65 por ciento superior a la del mismo periodo de 2015.
Aunque frente a 2025 hubo una ligera disminución nacional cercana a tres por ciento, el delito permanece en niveles elevados y presenta importantes diferencias regionales.
El informe identifica que las regiones Centro, Bajío-Occidente y Norte concentran 85 por ciento de las víctimas de extorsión registradas, pese a reunir alrededor de 69 por ciento de la población nacional.
Un hallazgo particularmente preocupante aparece en la distribución territorial: mientras las ocho entidades prioritarias de la Estrategia Nacional contra la Extorsión registraron una disminución conjunta de 13 por ciento en víctimas, las otras 24 entidades acumularon un incremento de 30 por ciento.
Estas diferencias obligan a revisar si la estrategia está atendiendo los territorios donde el delito se está expandiendo.
Además, la extorsión no se limita a llamadas telefónicas. Puede convertirse en cobro de piso, imposición de cuotas y control sobre actividades comerciales, agrícolas o de transporte, sin que necesariamente aumenten los homicidios.
HIDALGO: BAJAN ASESINATOS, SUBEN DESAPARICIONES
Las contradicciones del balance de seguridad también aparecen en Hidalgo.
De acuerdo con el monitoreo de México Evalúa, basado en registros oficiales, entre enero y septiembre de 2026 la tasa de homicidio doloso en la entidad disminuyó 30.8 por ciento respecto del mismo periodo de 2025.
Sin embargo, durante ese mismo lapso, la tasa de personas desaparecidas y no localizadas aumentó 40.6 por ciento, mientras que la de robo a negocio creció 24.6 por ciento.
Este último indicador presenta un deterioro todavía mayor cuando se compara con 2024: el incremento alcanza 116.9 por ciento.
El contraste resulta significativo porque refleja que la reducción de asesinatos no necesariamente se traduce en mejores condiciones de seguridad para comerciantes, familias y personas expuestas a otras formas de violencia.
Incluso el indicador integrado de violencia letal que utiliza México Evalúa, con una medición más amplia que la de homicidio doloso, registró en Hidalgo una reducción de apenas 6.4 por ciento frente a 2025.
En cuanto a extorsión, el estado presenta un comportamiento distinto al de otros territorios: los registros oficiales muestran una disminución de 60.1 por ciento en su tasa durante enero-septiembre de 2026.
Ese descenso debe reconocerse, pero tampoco permite concluir por sí solo que la extorsión real se redujo en la misma proporción, debido al elevado subregistro de este delito.
Las desapariciones, además, requieren seguimiento con información actualizada del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cuyos datos pueden modificarse por nuevos reportes y localizaciones.
INSEGURIDAD QUE NO SE DENUNCIA
Uno de los principales problemas para evaluar la estrategia de seguridad es que buena parte de los delitos nunca llega a las estadísticas de las fiscalías.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estimó que durante 2025 ocurrieron 33.8 millones de delitos en México.
De ese universo, 93.4 por ciento no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación.
En el caso específico de la extorsión, la cifra negra nacional alcanzó 97.5 por ciento, lo que significa que prácticamente 98 de cada 100 hechos estimados quedaron fuera de una investigación formal.
Hidalgo enfrenta un problema semejante.
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Según los resultados estatales de la ENVIPE 2026, la cifra negra fue de 92.7 por ciento durante 2025. Es decir, aproximadamente nueve de cada diez delitos no llegaron a una investigación.
Además, la tasa estimada de víctimas en Hidalgo aumentó de 19 mil 272 a 22 mil 982 por cada 100 mil habitantes adultos entre 2024 y 2025, aunque la precisión estadística debe considerarse al interpretar esa variación.
Esto expone una debilidad de los balances oficiales: una reducción de carpetas de investigación puede reflejar menos delitos, pero también dificultades para denunciar, desconfianza institucional o cambios en los registros.
Por ello, medir la seguridad únicamente a partir de denuncias ofrece una fotografía incompleta.
DESCONFIANZA EN LAS POLICÍAS
El problema no termina en la incidencia delictiva. También involucra la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger a la población.
En su análisis La seguridad pública desde la mirada ciudadana, México Evalúa identificó, a partir de la ENVIPE 2026, que las corporaciones más cercanas a la ciudadanía concentran importantes niveles de desconfianza.
A escala nacional, 53.4 por ciento de las personas que identificaron a la policía de tránsito manifestó desconfianza hacia ella. En el caso de la policía preventiva municipal, el porcentaje fue de 42.2 por ciento, y para la estatal, de 40.3 por ciento.
La diferencia con instituciones federales es considerable: la desconfianza hacia la Marina fue de 8.7 por ciento y hacia el Ejército de 12 por ciento.
En Hidalgo, el desglose de confianza de la ENVIPE 2025 ya mostraba señales de deterioro.
La proporción de personas que expresaron mucha o algo de confianza en la Policía Estatal pasó de 62.2 por ciento en 2024 a 56.9 por ciento en 2025.
La confianza en la policía preventiva municipal se ubicó en 55.5 por ciento, mientras que la de tránsito apenas alcanzó 47.3 por ciento.
El dato es relevante porque estas corporaciones representan el primer contacto de la ciudadanía con la seguridad pública.
Si una persona no confía en la policía, teme represalias o considera inútil acudir al Ministerio Público, las probabilidades de que un delito termine denunciado e investigado disminuyen.
PERSISTE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Las encuestas también permiten distinguir entre los resultados administrativos y la experiencia de la población.
La ENVIPE 2026 indica que 61.3 por ciento de las personas adultas en Hidalgo consideró insegura la entidad.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de septiembre de 2026 ubicó la percepción de inseguridad en Pachuca en 49.7 por ciento.
Aunque este último porcentaje disminuyó frente a junio, cuando se encontraba en 54.3 por ciento, se mantuvo por encima del 46.9 por ciento observado en septiembre de 2025.
La percepción ciudadana no demuestra por sí misma un aumento de delitos, pero sí revela que los avances estadísticos todavía no se traducen de manera uniforme en una mayor sensación de protección.
¿REDUCCIÓN DEL DELITO O PACIFICACIÓN?
El balance federal presenta resultados positivos en homicidio doloso que no deben ignorarse. Sin embargo, la evidencia disponible impide afirmar que esa disminución sea suficiente para acreditar una pacificación generalizada.
El reto es más amplio: reducir desapariciones, extorsiones, amenazas y robos; aumentar las investigaciones efectivas; proteger a quienes denuncian y recuperar la confianza en policías y fiscalías.
México Evalúa también advierte que la estrategia contra la extorsión necesita metas verificables, indicadores públicos y una respuesta diferenciada según la forma en que operan las redes criminales.
Para Hidalgo y el resto del país, una evaluación completa tendría que mostrar no sólo cuántos homicidios disminuyeron, sino cuántas víctimas recibieron protección, cuántos desaparecidos fueron localizados y cuántas denuncias lograron convertirse en investigaciones y sanciones efectivas.
La reducción de asesinatos es un avance. Convertirla en la principal prueba de éxito, mientras otros indicadores empeoran o permanecen ocultos por la falta de denuncia, constituye una evaluación incompleta de la seguridad pública.
El verdadero resultado de una política de pacificación no debería medirse únicamente por el número de personas que dejan de ser asesinadas, sino también por las que pueden vivir, trabajar y transitar sin miedo, con autoridades capaces de protegerlas y responder cuando son víctimas de un delito.
