REY ENIGMA
Por Luis Fernando Reyes
En México parece más sencillo imponer disciplina en una escuela que garantizarla dentro de una prisión. Mientras el gobierno federal anuncia con entusiasmo la restricción de celulares en primarias y secundarias, en los centros penitenciarios continúa una realidad mucho más preocupante: teléfonos que ingresan ilegalmente y que pueden utilizarse para seguir cometiendo delitos.
Desde este 3 de noviembre, los estudiantes deberán guardar sus celulares durante las clases y los recreos. La justificación es razonable: mejorar la concentración, recuperar la convivencia y reducir la dependencia de las pantallas.
Hasta ahí, nada que objetar. Lo cuestionable es la facilidad con la que se imponen reglas a los niños frente a las dificultades del Estado para hacerlas cumplir en las cárceles.
Porque mientras a un estudiante se le exige guardar su teléfono para prestar atención al maestro, hay delincuentes que han conseguido utilizar celulares desde prisión para amenazar, engañar y extorsionar a ciudadanos.
Y no hablamos de una simple sospecha. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, las autoridades de la Ciudad de México reportaron el decomiso de 2 mil 771 celulares y mil 446 tarjetas SIM en centros penitenciarios.
La cifra demuestra que sí existen operativos, pero también deja una pregunta incómoda: ¿cómo siguen entrando miles de teléfonos a instalaciones que deberían estar sometidas a estrictos controles de seguridad?
Desde noviembre de 2025 existe, además, una ley federal que obliga a establecer mecanismos para bloquear las comunicaciones celulares ilegales desde los penales.
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El problema no es, entonces, la ausencia de prohibiciones, sino la capacidad para hacerlas cumplir.
Por supuesto, las personas privadas de la libertad conservan su derecho a comunicarse legalmente con sus familiares y abogados. Lo inadmisible es que esa garantía se confunda con permitir teléfonos clandestinos que faciliten actividades criminales.
Resulta paradójico que el Estado pueda establecer con tanta rapidez cuándo un niño debe guardar su celular, pero todavía enfrente serias dificultades para impedir que un delincuente lo utilice desde una celda.
Con los estudiantes, reglamentos; con las cárceles, operativos que no terminan de resolver el problema.
La autoridad debería demostrar la misma determinación dentro de los penales que ahora exige en los salones de clases.
Porque el celular de un alumno puede distraerlo de una lección, pero el de un extorsionador puede destruir la tranquilidad y el patrimonio de una familia. Y entre ambas consecuencias existe una diferencia que ningún gobierno debería ignorar.
