- El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México busca ordenar el crecimiento de la Zona Metropolitana del Valle de México, pero sus propuestas generan polémica.
Por: Redacción
El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) es un instrumento de planeación territorial que busca establecer una estrategia conjunta para organizar el crecimiento urbano, mejorar los servicios públicos, proteger los recursos naturales y atender los problemas de movilidad, vivienda y abastecimiento de agua en la región metropolitana más poblada del país.
La propuesta, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, pretende actualizar el programa elaborado en 1998, ante las transformaciones demográficas, económicas y ambientales registradas durante casi tres décadas.
De acuerdo con el documento sometido a consulta pública, la Zona Metropolitana del Valle de México concentra más de 22 millones de habitantes, equivalentes a aproximadamente 17 por ciento de la población nacional, y genera cerca de 28 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Aunque sus objetivos se relacionan con mejorar las condiciones de vida de la población, algunas propuestas sobre el impuesto predial, el aprovechamiento de terrenos y los mecanismos de desarrollo inmobiliario han generado inconformidad entre organizaciones vecinales, que advierten posibles afectaciones a la propiedad privada y la autonomía municipal.
¿QUÉ CONTEMPLA EL PROGRAMA?
El POZMVM plantea coordinar las decisiones de desarrollo territorial de 84 demarcaciones: 59 municipios del Estado de México, 16 alcaldías de la Ciudad de México, ocho municipios de Hidalgo y uno de Morelos.
En territorio hidalguense contempla a Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Tolcayuca, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tula y Villa de Tezontepec.
Además, incorpora una segunda zona de análisis ambiental e hidrológico que comprende 173 demarcaciones de las cuatro entidades, con el propósito de atender problemas relacionados con las cuencas, la conservación ecológica y el suministro de agua.
Entre sus principales líneas de acción se encuentran la recuperación de espacios urbanos, la construcción de vivienda accesible, el fortalecimiento del transporte público, la reducción de desigualdades territoriales y la prevención de riesgos ambientales.
El diagnóstico identifica problemas como la sobreexplotación de acuíferos, la expansión desordenada de las ciudades y la ocupación de terrenos agrícolas o ambientalmente vulnerables.
Sin embargo, el propio programa aclara que no sustituye los planes municipales o estatales, no modifica directamente los usos del suelo, no cambia los límites territoriales ni asigna automáticamente recursos para ejecutar los proyectos propuestos.
PREDIAL Y PROPIEDAD PRIVADA
Uno de los principales motivos de controversia se encuentra en los instrumentos financieros y territoriales incluidos en el proyecto.
El documento propone actualizar los registros catastrales para acercar los valores de las propiedades a los precios del mercado inmobiliario, mediante mecanismos de valuación masiva y tecnologías como vuelos con drones.
También plantea estudiar ajustes a las bases, cuotas y tarifas del impuesto predial, medidas que requerirían modificaciones a la legislación fiscal correspondiente.
Organizaciones vecinales consideran que estas disposiciones podrían traducirse en incrementos importantes del predial, particularmente para propietarios de viviendas antiguas ubicadas en zonas donde el valor comercial del terreno ha aumentado.
Otra propuesta controvertida es el denominado gravamen al desperdicio urbano, dirigido a desincentivar la existencia de terrenos baldíos o inmuebles subutilizados en zonas que ya cuentan con infraestructura y servicios.
Asimismo, el POZMVM contempla la figura de Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios, mediante la cual las autoridades podrían establecer plazos de dos a cuatro años para desarrollar determinados inmuebles. Si no se construye dentro del periodo establecido, el instrumento plantea la posibilidad de una venta forzosa mediante subasta pública, sujeta a las disposiciones legales aplicables.
A esto se suma la propuesta de zonificación flotante, un mecanismo para autorizar determinados aprovechamientos del suelo en ubicaciones que cumplan criterios técnicos, previa evaluación de las autoridades competentes.
Estas medidas han despertado inquietud entre vecinos que temen que puedan favorecer la especulación inmobiliaria o afectar su patrimonio.
PROTESTAS Y AJUSTES AL PLAN
Las inconformidades se han manifestado durante los foros de consulta pública organizados para explicar el contenido del programa.
En la alcaldía Gustavo A. Madero, habitantes expresaron preocupación por las posibles consecuencias sobre sus propiedades, la disponibilidad de agua y la participación de comunidades indígenas en la planeación territorial.
El pasado 23 de octubre, vecinos y representantes de comités de participación comunitaria entregaron 37 fojas de firmas en las oficinas de Sedatu para solicitar la cancelación de la consulta pública y la reposición del procedimiento.
Organizaciones ciudadanas también comenzaron a reunir firmas para exigir mayor transparencia y garantías de que sus observaciones serán consideradas antes de aprobar la versión definitiva.
Ante los cuestionamientos, el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México anunció que realizará ajustes al proyecto, particularmente en los apartados relacionados con el valor catastral y el tratamiento de los predios baldíos y subutilizados.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que su administración no aumentará el impuesto predial y anunció que enviará observaciones a Sedatu para modificar disposiciones cuya redacción pueda generar confusión.
Las autoridades federales han sostenido que el programa constituye un instrumento orientador y que sus propuestas no representan autorizaciones inmediatas para modificar los usos del suelo ni aplicar nuevos mecanismos fiscales.
CONSULTA HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE
El POZMVM también propone crear un Fideicomiso Metropolitano del Valle de México para financiar infraestructura y proyectos conjuntos en materia de agua, transporte y servicios públicos.
Entre las posibles fuentes de financiamiento contempla aportaciones gubernamentales y mecanismos asociados a la recaudación territorial, sujetos a acuerdos entre autoridades y a los procedimientos legales correspondientes.
Sin embargo, esta iniciativa también ha generado cuestionamientos sobre la distribución de recursos y el respeto a las atribuciones presupuestales de los municipios.
La consulta pública, iniciada el 24 de septiembre, permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre de 2026, periodo durante el cual la ciudadanía podrá presentar observaciones al proyecto.
El principal desafío para las autoridades será explicar con precisión cómo podrían instrumentarse las propuestas, qué disposiciones necesitarían reformas legales y cuáles serían las garantías para los propietarios.
Aunque el POZMVM busca resolver problemas metropolitanos que rebasan las fronteras administrativas, su viabilidad dependerá también de que las decisiones de ordenamiento territorial incorporen las preocupaciones ciudadanas y establezcan mecanismos claros de protección patrimonial, participación social y respeto a la autonomía municipal.
