- Pobladores denunciaron que no fueron informados previamente sobre la exhumación de un adulto y un menor de edad.
Por: Sandra Salazar
Las denuncias por entierros presuntamente realizados sin autorización habrían motivado la intervención de autoridades en la comunidad de La Cañada, Atotonilco de Tula, donde fueron exhumados los restos de dos personas.
El secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, defendió la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), las autoridades sanitarias y el ayuntamiento, al señalar que los espacios utilizados para sepulturas deben contar con permisos.
“Tengo entendido que fue una denuncia, o quizás fueron más”, declaró al explicar cómo comenzó la intervención.
GOBIERNO DEFIENDE ACTUACIÓN DE AUTORIDADES
Olivares Reyna sostuvo que las dos sepulturas eran irregulares y advirtió que los entierros sin autorización pueden representar riesgos sanitarios, además de complicar investigaciones relacionadas con personas desaparecidas.
El funcionario afirmó que las diligencias correspondientes ya se realizaron y que ahora deberán esperarse los resultados de la investigación ministerial.
También aseguró que el conflicto por las sepulturas es independiente del proyecto de Viviendas del Bienestar previsto en la localidad.
FAMILIARES CUESTIONAN RETIRO DE RESTOS
La postura del Gobierno estatal contrasta con los reclamos de habitantes de La Cañada, quienes consideran que el terreno donde estaban los cuerpos forma parte de un panteón comunitario.
Los pobladores denunciaron que no fueron informados previamente sobre la exhumación de un adulto y un menor de edad, situación que derivó en protestas y el bloqueo de la carretera Tula-Jorobas.
Mientras las autoridades sostienen que los entierros carecían de permisos, permanece pendiente aclarar si el procedimiento de exhumación cumplió con los requisitos legales y dónde fueron reinhumados los restos.
