- El gobernador cuestionó que algunas construcciones hayan podido establecerse directamente sobre estas instalaciones sin ser detectadas o intervenidas oportunamente.
Por: Sandra Salazar
La operación durante años de infraestructura utilizada para el robo de combustible en Hidalgo pudo estar acompañada por omisiones e incluso complicidades de autoridades de distintos niveles, señaló el gobernador Julio Menchaca Salazar.
Al referirse a los túneles localizados para extraer hidrocarburo de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el mandatario cuestionó que algunas construcciones hayan podido establecerse directamente sobre estas instalaciones sin ser detectadas o intervenidas oportunamente.
“Ha habido de verdad una apatía o una complicidad incluso”, expresó al hablar de la actuación histórica de autoridades municipales, estatales y federales.
Menchaca señaló particularmente la responsabilidad que corresponde a los municipios en materia de desarrollo urbano y permisos de construcción, mientras que los ductos pertenecen al ámbito federal.
También indicó que en algunos puntos han desaparecido los señalamientos que advertían sobre el paso de ductos, situación que, consideró, tendría que ser identificada por las autoridades locales.
SUMAN 19 TÚNELES
El señalamiento ocurre después de que autoridades reportaron 19 túneles relacionados con la extracción ilegal de combustible localizados e intervenidos durante la actual administración. Los casos se distribuyen en municipios como Cuautepec, Pachuca, Tula, Mineral de la Reforma, Tlaxcoapan y Tepeapulco, entre otros.
Menchaca agregó que las acciones contra el robo de hidrocarburos han permitido recuperar más de 7 millones de litros de combustible, además del aseguramiento de vehículos, pipas y otras instalaciones.
El gobernador no identificó funcionarios, administraciones o municipios específicos cuyos servidores públicos estén actualmente investigados por complicidad. Su señalamiento se refirió a posibles omisiones y responsabilidades acumuladas durante años, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si existen conductas constitutivas de delito.
